Continúan las protestas en Olón contra la empresa de la primera dama, por la tala de árboles en una zona protegida.

Los nombres de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y de su hija Daniela Verduga Palencia, aparecieron en documentos expuestos por Bitácora Ambiental, dentro del caso Olón y la empresa Vinazin S.A., que pertenece a Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa.

Según el documento publicado, las abogadas Palencia y Verduga Palencia estuvieron autorizadas por la compañía Vinazin S.A. para realizar diligencias legales y administrativas, con el objetivo de tener la aprobación y registro de la reforma del objeto y estatuto social.

Tras esta publicación, la ministra Palencia señaló que no permitirá que ninguna persona ponga en tela de duda su nombre o el de su hija. “En el 2020 recibimos autorizaciones para realizar actos societarios concretos, únicamente, y a favor de una empresa de actividad lícita y en nuestras funciones como abogadas. Clarito es”.

Además, según información de la Superintendencia de Compañías, la actual gerente general de la empresa Vinazin S.A. es María Beatriz Moreno, quien es presidenta nacional de ADN, la organización del presidente Daniel Noboa.

Este 7 de mayo de 2024, la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Reformatoria a varias Leyes Orgánicas  para asegurar la asignación de los recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Con esta normativa se establece que los ingresos permanentes y no permanentes que les corresponden a las prefecturas y municipalidades deben entregarse durante los cinco primeros días de cada mes.

La normativa fue iniciativa del actual presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, junto con el legislador Jhonny Terán, durante el periodo pasado.

Kronfle mencionó hoy que la entrega de los recursos debe hacerse a las subcuentas de cada municipio. Añadió que con esta Ley se evita reglamentos que interfieran con la aplicación y define sanciones en caso de incumplimiento.

El embalse de Mazar se recupera. Este 7 de mayo de 2024, el presidente Daniel Noboa y el ministro de Energía (e), Roberto Luque, visitaron la Central Hidroeléctrica Mazar, en Cañar. Actualmente, el embalse ha recuperado 18 metros y eso representa el 35% del volumen útil.

El propósito de la visita fue evaluar el funcionamiento y el estado actual de esa central. Luque dijo que en un mes y medio o dos se podría recuperar el embalse por completo, si es que todo continúa a este ritmo.

Entre los elementos que ayudaron a esa recuperación, Luque detalló la acumulación de agua, el nivel de humedad y la estimulación de lluvias.

Otro correo con una amenaza llegó a las cuentas de los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección a cargo del concurso para designar al nuevo Defensor Público. El contenido del escrito se conoció la tarde de este 7 de mayo de 2024 en la sesión extraordinaria de esa Comisión.

La reunión fue convocada con urgencia. Su único punto en el orden del día era: “Comunicado de los señores comisionados a la ciudadanía en general sobre los nuevos acontecimientos dentro del concurso del Defensor Público”.

Los acontecimientos tenían relación con la nueva amenaza que esta vez llegó a los correos personales y no institucionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Según el informe 2024 de Reporteros sin fronteras, las campañas de desinformación, las acciones judiciales abusivas y la propaganda estatal están creando un clima de autocensura en Latinoamérica. A esto se suma la amenaza del crimen organizado.

Ecuador cayó al puesto 110 en el ranking de libertad de prensa de Reporteros sin fronteras (RSF) de este 2024. Previamente, el país se ubicaba en el puesto 80. Es decir, en tan solo un año, retrocedió 30 puntos, el desplome más alto en Latinoamérica.

En Ecuador, el periodismo se desenvuelve en un clima de creciente autocensura, hostilidad e inseguridad por el auge de las bandas criminales y cárteles, así como por la multiplicación de agresiones, amenazas, atentados y hasta asesinatos.

Para RSF, la crisis política y el auge del crimen organizado incluso han alterado el funcionamiento de la democracia en Ecuador. Por ello, la peor calificación del país está en el indicador político.

Esto por lo "desastrosos" que fueron los tres mandatos de Rafael Correa para la libertad de prensa, pese a los relativos cambios y "mejoras" en la materia que hicieron sus sucesores, que vino de la mano de una crisis institucional, que desembocó en un cambio de poder anticipado.

Por lo que el informe destaca que, a pesar del retorno a una relativa normalización de las relaciones entre el gobierno y ciertos sectores de la prensa, las tensiones y la polarización política vuelven a intensificarse.

Reporteros sin fronteras advierte las dificultades para la prensa en Ecuador

Por ejemplo, el presidente Daniel Noboa firmó su adhesión a las declaraciones de Chapultepec y de Salta, que precisamente refieren al compromiso de los gobernantes con la libertad de prensa y las medidas que deben ser adoptadas para garantizar este derecho.

Sin embargo, a la vez, eliminó el Código de Ética que, entre otras cosas, obligaba a las autoridades del Ejecutivo a responder ante los medios de comunicación y transparentar la información de su gestión. Además advirtió que "no tenemos que andarle contando a la prensa, a diario, qué es lo que se hace".

En cuanto al tema de seguridad, RSF pone dos grandes ejemplos de la crisis por la que atraviesa la libertad de prensa en Ecuador: el ataque armado a TC Televisión, del 9 de enero, y las amenazas a periodistas reveladas tras el destape del caso Metástasis.