El Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió enviar el pedido de juicio político a la Unidad Técnica Legislativa.
El Consejo de Administración Legislativa, CAL, sesionó para verificar que la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, cumpla los requisitos. Con seis votos a favor resolvieron que el documento primero pase por la Unidad Técnica Legislativa (UTL).
El objetivo es que la UTL emita un informe de cumplimiento de requisitos en un plazo de 24 horas, es decir, hasta las 19:45 del sábado 18 de marzo de 2023.
Eso se pidió luego de que se hayan observado varios errores en el documento de solicitud. Por ejemplo, en el primer párrafo se citó un artículo equivocado que no hace referencia al juicio político contra el Presidente.
De que el documento esté elaborado de manera correcta depende en gran medida que la Corte Constitucional (CC) dé un dictamen favorable y continúe el trámite de enjuiciamiento.
El CAL debe analizar lo siguiente:
- La formulación de cargos atribuidos al Presidente
- El anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará en el proceso
- Y un mínimo de 46 firmas en el formulario correspondiente para estos fines
Para la aprobación se requieren cuatro votos de los siete miembros del CAL, que está integrado por:
- El Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que apoya públicamente el juicio político.
- La primera vicepresidenta Marcela Holguín de UNES.
- Su coideario también de UNES, Ronny Alega
- El segundo vicepresidente, Darwin Pereira de Pachakutik
- Esteban Torres, vocal por el Partido Social Cristiano
- Johanna Moreira, representante de Izquierda Democrática
- Y Nathalie Arias que es la única oficialista.
La mayoría de los miembros del CAL representan a organizaciones que apoyan el juicio y que incluso han participado en su revisión por lo que se espera que el documento no tenga problemas en ser calificado.
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Con ello, el Legislativo debe remitir el texto a la Corte Constitucional. Si la corte dicta la admisibilidad del juicio, regresa a la Asamblea para su trámite mediante la Comisión de Fiscalización y después al pleno donde se requieren 92 votos para la destitución.
Si la Corte no lo admite, el documento regresa a la Asamblea para su archivo.
