Evitar el abuso de las acciones de protección es uno de los motivos para la reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentado por Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y otros, que tramita la Comisión de Garantías Constitucionales. Para sustentar la iniciativa, el doctor Ricardo Reyes, delegado del Fiscal subrogante, recordó que en 2023 el presidente de la CNJ convocó a una mesa de Seguridad y Justicia, de donde nació la propuesta de reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, en consideración a los nudos críticos de la normativa.
Participaron en la construcción del proyecto la CNJ, Fiscalía del Estado, Defensoría Pública; y, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
En este contexto, para la Fiscalía es evidente el abuso de las garantías constitucionales, especialmente en las acciones de protección. "Hemos tenido varias demandas respecto a la notificación a un denunciante, que no es víctima, que muchas veces mal utiliza la
información", dijo Reyes.
Por este motivo, se plantea la reforma al artículo 42 del referido cuerpo legal, sobre la “improcedencia de la acción”, en actos y resoluciones emitidas por los agentes fiscales dentro de la fase preprocesal y la etapa procesal penal, sujetos al control del juez de garantías penales.Con relación a este y otros proyectos que pretenden reformar la ley, la conjueza de la CNJ, Mercedes Caicedo mencionó que en la ley vigente existen falencias que deben ser abordadas por la mesa legislativa.
Comentó varios temas para la reforma, como las decisiones de los jueces constitucionales, naturaleza de la acción, definición de precedente constitucional, priorización de las causas, protección de datos personales, decisiones públicas y reservas, abordaje con enfoque intercultural y género, precisión de los diferentes hábeas corpus, entre otros.
Tras las exposiciones, el legislador Paúl Buestán recordó el papel del juez constitucional, que debe evitar que se desnaturalicen las acciones de protección. Jhajaira Urresta, tras mencionar que quiere una ley que responda ante la gran demanda de los casos de la sociedad, solicitó el criterio sobre los plazos para las audiencias en apelación.
La presidenta de la comisión, Paola Cabezas consultó sobre la posibilidad de una acción de protección exclusiva para el derecho a la salud, así como los límites en la acción de desclasificación de información en reserva. En el segundo aspecto, la conjueza Mercedes Caicedo expresó su preocupación, porque en algunos casos podría ser interpuesta en contra de los impulsos fiscales o decisiones de agentes encubiertos.
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