El Gobierno manifestó su postura frente al rechazo de la Asamblea Nacional al Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, también conocida como la "Ley Antipillos".
Este proyecto, calificado como urgente en materia económica, busca fortalecer la lucha contra las mafias y los grupos delictivos que operan en el país, según el Ejecutivo.
Sin embargo, la Asamblea Nacional resolvió, el pasado 27 de noviembre, negar y archivar esta Ley.
La moción para archivar el proyecto fue presentada por el asambleísta del movimiento Construye, Jorge Peñafiel, quien calificó la propuesta como confiscatoria y argumentó que "le mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos".
La postura de Peñafiel fue respaldada por las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y algunos legisladores independientes, lo que selló la negativa al proyecto y su archivo.
Este rechazo llevó al Ministerio de Gobierno y al presidente Noboa a advertir sobre las implicaciones de esta decisión para la seguridad del país.
En un comunicado emitido este 30 de noviembre, el Ministerio de Gobierno señaló que el archivo del proyecto frena una herramienta para golpear a las mafias y "deja abierta la puerta para que los grupos delictivos ganen poder". "Esto no es un simple trámite legislativo; es un ataque directo a la seguridad del país", afirma el documento.
Por su parte, el presidente Noboa devolvió a la Asamblea la Resolución en la que se resolvía negar y archivar el proyecto.
Noboa recordó que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa exigen un tratamiento expedito para este tipo de iniciativas, incluyendo su aprobación, modificación o negativa dentro de un plazo máximo de 30 días.
El Gobierno enfatizó que actuará conforme a la Constitución para garantizar que esta propuesta no sea archivada sin el debate adecuado.
El telégrafo
