El decreto de conflicto armado interno es un mecanismo que ha sido cuestionado por organizaciones sociales y de derechos humanos. Además, ese año terminó con una tasa de homicidios intencionales de 38,4% por cada 100.000 habitantes.
Punto Noticias.- El Gobierno de Daniel Noboa cumplió, este jueves 9 de enero, un año de conflicto armado interno. Un año de «guerra» contra 22 bandas delictivas que ha desatado críticas por su falta de efectividad, legalidad y abusos de poder.
El hoy candidato-presidente Daniel Noboa tomó esta medida, a inicios de 2024, tras una serie de atentados, que incluyeron ataques contra negocios, gasolineras, vehículos particulares y Unidades de Policía Comunitaria (UPC).
Una escalada de violencia que se agravó a las 14:10, del martes 9 de enero de 2024. Esa tarde, un grupo de delincuentes entró al canal TC Televisión y secuestró, durante una transmisión en vivo, a su personal operativo y a periodistas.
Esta situación ocasionó que Noboa anunciara un conflicto armado interno, en el Decreto Ejecutivo 111, para que la fuerza pública intente retomar el control en el país.
Para el especialista en temas de seguridad, Daniel Pontón, esta medida fue necesaria en un inicio, en función a las circunstancias por las que atravesaba el país. Sin embargo, con el tiempo se volvió “repetitiva y predecible” y su ejecución sirvió como herramienta comunicacional y no para reducir el delito.
Pese a que se decretó el conflicto armado interno el 9 de enero de 2024, ese año terminó con 6.900 asesinatos y una tasa de homicidios intencionales de 38,4% por cada 100.000 habitantes. Así, 2024 se convirtió en el segundo año más violento de su historia, solo superado por 2023, que tuvo 8.008 homicidios.
Afectaciones a los derechos humanos
La medida de conflicto armado interno, acompañado de siete estados de excepción y tres renovaciones, ha ocasionado que se registren abusos por parte de la fuerza pública.
En videos en redes sociales se han viralizado imágenes de uniformados golpeando a jóvenes en zonas marginales del país, obligándolos a cantar canciones o a fregarse con metales los tatuajes.
Según un reporte de la periodista Karol Noroña, del 9 de enero al 31 de julio de 2024 hubo 145 investigaciones por delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Además, la Fiscalía abrió 12 causas por ejecuciones extrajudiciales.
Para Daniel Pontón, la medida de conflicto armado interno actualmente es peligrosa, “por su impacto en derechos humanos y los costos institucionales que esto trae a las Fuerzas Armadas”.
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec) señaló que, en 2024, nueve jóvenes desaparecieron tras ser detenidos en operativos militares. Sin embargo, cuatro de ellos (los niños de Las Malvinas) fueron localizados sin vida.
Caso Malvinas
Uno de los casos más graves que se dio, en medio del conflicto armado interno, tiene que ver con la desaparición forzada y el asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas.
Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años) habían salido a jugar un partido de fútbol, el domingo 8 de diciembre de 2024, cerca de Mall del Sur, en Guayaquil. Sin embargo, un grupo de 16 militares los detuvo.
Luego de ello, los menores de edad fueron llevados hasta la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal.
Aquí los cuatro niños fueron torturados, asesinados e incinerados. Sus cadáveres fueron hallados el 24 de diciembre y, siete días después, la Fiscalía confirmó sus identidades.
Por este caso de asesinato y desaparición forzada están procesados 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Un juez dictó prisión preventiva contra ellos y se encuentran recluidos en la cárcel de Latacunga, hasta que culminen las investigaciones del caso.
Cuestionamientos a la medida
La Corte Constitucional revisó la causal de la declaratoria del conflicto armado interno, al menos en tres ocasiones, y siempre la cuestionó.
El 29 de febrero de 2024, el organismo señaló que no depende de declaraciones o reconocimientos políticos la existencia de un conflicto. En otro pronunciamiento, del 21 de marzo, la Corte observó que Noboa no justificó las causales para declarar este conflicto.
“El presidente de la República, hasta el momento, no ha brindado información suficiente para justificar la existencia de uno o más conflictos armados no internacionales y, por tanto, la configuración de la causal de conflicto armado interno”, se indicó en el dictamen 2-24-EE/24.
El 9 de mayo, la Corte Constitucional declaró que esta causal es desfavorable. En esta ocasión, el organismo constitucional recalcó que Noboa no brindó información suficiente para justificar la existencia de uno o más conflictos.
“Al no presentarse una justificación que acredite la concurrencia de los dos elementos necesarios para la configuración de esta causal, esta Corte determina que no se ha cumplido con el requisito”, concluyó el organismo.
A esto se suman las críticas de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales. Los cuestionamientos recaen en el abuso de la fuerza pública, a través del uso legítimo de la fuerza.
«Estamos viendo reportes de abusos gravísimos de fuerzas estatales. Es hora que el Gobierno revise las políticas que está impulsando», señaló Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch (HRW).
Radio Pichincha
