Tras declarar "emergencia nacional" en la frontera sur de Estados Unidos, y firmar un decreto que pone fin a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, la administración de Trump amenazó a sus propios funcionarios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido un memorando con instrucciones para investigar y procesar a funcionarios locales que no cumplan con las órdenes del Gobierno de Donald Trump sobre inmigración, quien entre sus primeros decretos está el de poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento para migrantes.
El memorando, que circula entre el personal del Departamento y ha sido publicado por medios estadounidenses, está firmado por el vicefiscal general en funciones, Emil Bove.
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"La ley federal prohíbe que las autoridades estatales y locales se resistan, obstruyan o incumplan de cualquier forma con órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración", apunta el memorando.
"Las oficinas de los fiscales federales y las divisiones legales del Departamento de Justicia investigarán estos casos de mala conducta para determinar si ameritan un posible proceso penal", añade el texto.
La orden tiene como objetivo a los funcionarios de las llamadas 'ciudades santuario' que no colaboran en temas migratorios con el Gobierno de Estados Unidos.
Las ciudades santuario son decenas de urbes -entre las que están Chicago, Nueva York o Los Ángeles- en las que sus políticas están diseñadas para limitar la cooperación o participación de las autoridades locales respecto a la aplicación de la ley federal de inmigración.
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De hecho, el memorando también insta a los funcionarios del Departamento de Justicia a que tomen medidas legales en contra de las llamadas 'leyes santuario'.
Trump ha puesto la migración y la seguridad fronteriza como los pilares de su segundo mandato en la Casa Blanca, con la amenaza de macroredadas (incluso en escuelas) y deportaciones masivas. Postura que se refleja con la cancelación del programa CBP-One.
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