CNJ deja sin efecto informe de Contraloría sobre deuda pública en gobierno de Correa

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la Contraloría General del Estado. La acción formaba parte del proceso contencioso-administrativo que mantenía con el expresidente Rafael Correa.

La decisión dejó sin efecto el informe que atribuía al exmandatario presuntas irregularidades en el manejo de la deuda pública durante su administración.

La resolución ratifica una sentencia previa de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que anuló el informe DASE-0045-2018, emitido en 2018 bajo la gestión del entonces contralor subrogante Pablo Celi.

Dicho documento había señalado un supuesto «sobreendeudamiento» del país entre 2012 y 2016, y derivó en la imputación de responsabilidades civiles y administrativas contra el exmandatario y varios exfuncionarios.

Fallos previos favorecían a Correa

En julio de 2022, el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Guayaquil ya había aceptado la demanda presentada por Correa y anuló el informe, al considerar que se vulneraron principios del debido proceso y garantías constitucionales. La Contraloría apeló el fallo, pero su intento de casación fue desestimado por la Corte Nacional al no cumplir con los requisitos legales formales.

Reacción de Rafael Correa

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el expresidente celebró la decisión y criticó duramente a los actores institucionales y mediáticos que, según él, sostuvieron una narrativa de persecución.

“Se cae la farsa del sobreendeudamiento. Acabamos de ganar el juicio. ¿Quién devuelve los años de persecución, el dinero invertido en abogados, el tiempo y la vida arrebatada?”, escribió Correa, quien también acusó a sectores de la prensa de haber impulsado lo que calificó como una “campaña de desprestigio” contra su gestión.

La decisión judicial representa un nuevo capítulo en los procesos legales abiertos tras el mandato de Correa, y revive el debate sobre el rol de los organismos de control y la judicialización de la política en el país.

Primera Plana