Testigo escuchó a María Belén Bernal pedir auxilio en la Escuela de Policía

El teléfono de Elizabeth Otavalo timbró aproximadamente al mediodía del 12 de septiembre. Era una llamada de Germán Cáceres, el esposo de su hija María Belén Bernal.

Cáceres, quien también es oficial de Policía, le preguntó si sabía dónde está su hija. La madre entró en desesperación y le pidió explicaciones. Él le contó que Bernal fue, el 11 de septiembre, a visitarlo en la Escuela Superior de Policía de Quito. Además, le dijo que salieron juntos de ese centro y que, a las 22:00, la dejó en la avenida Simón Bolívar para que cogiera un taxi. Aseguró que desde entonces desconoce su paradero.

La madre llamó a los amigos de Bernal, nadie sabía dónde estaba. Entonces, Otavalo volvió a llamar a Cáceres y le exigió que fuera a poner la denuncia por desaparición. Él le dijo que no podría hacerlo porque estaba en servicio. La madre solicitó a un oficial superior que le dieran autorización para que fuera a poner la queja judicial.

Otavalo llegó primero a las instalaciones de la Policía Judicial de Quito. Tuvo que esperar 40 minutos a que arribara Cáceres. Finalmente, a las 17:00, del 12 de septiembre, puso la denuncia. Al día siguiente, la Fiscalía abrió la investigación y ordenó la realización de diligencias, allanamientos, búsquedas, recopilación de indicios y toma de versiones para esclarecer qué ocurrió con la abogada, de 34 años.

Los testigos

La entidad investigadora recopiló versiones de lo ocurrido. Una cadete de esa escuela de formación confirmó que la madrugada del domingo 11 de septiembre escuchó que Bernal y su esposo discutían. “Estaban discutiendo, Belén con su esposo, se escuchaban golpes y ella gritaba auxilio, me matan”. “Se escuchó salir al esposo de Belén y arrastraba algo. Daba dos pasos y se escuchaba que algo golpeaba las gradas, cada dos pasos golpes en las gradas”, dijo la cadete.

Otro cadete vio cuando el esposo de la abogada subía, a un carro, un bulto envuelto en una cobija. Eso fue confirmado por la defensa de la familia de la víctima.

Fuente. El Comercio