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En su primera aparición pública tras las controversias por su designación como «colaboradora por la paz», en Israel, la vicepresidenta Verónica Abad aceptó el cargo y arremetió contra el equipo de Noboa.
Este 28 de noviembre de 2023, con 45 minutos de retraso, Verónica Abad, vicepresidenta de la República, rompió el silencio y habló ante los medios por primera vez desde su designación como «colaboradora de paz en el conflicto con Hamás en Israel».
«Me han pedido desde el equipo del Presidente que no hable con ustedes y lo he cumplido hasta hoy», resaltó Abad.
La Vicepresidenta, después de varias acusaciones, señalamientos e incluso citas en latín, aceptó el cargo y viajará de forma indefinida a Israel, lo hizo resaltando que «la violencia existe» y sostuvo: «No podemos tapar el sol con un dedo, el presidente Daniel Noboa me quiere lejos».
“Si EE.UU. con el poder político que tiene y el dinero que ha invertido no ha tenido éxito en detener el conflicto entre Israel y Palestina, los ecuatorianos nos caracterizamos por nuestra fortaleza y resiliencia, así que esto es una plataforma para dejar el nombre de nuestro país en alto”, indicó.
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Para Abad esto es consecuencia de un «pacto» realizado por Noboa con el que sostuvo no estar de acuerdo: «nunca me sentaría a negociar con ellos». Sien embargo, hizo un llamado al Primer Mandatario para lograr el diálogo.
«Señor Presidente pido una vez más aquí frente al pueble ecuatoriano que se siente aquí y conversemos como dos políticos responsables», solicitó.
Durante su intervención, Abad expuso que su cargo ha sido objeto de una campaña de descontextualización, incluso desde las filas de su propio partido (ADN). Además, indicó que ella y su equipo han recibido ataques sistemáticos y constantes bloqueos por parte del equipo de trabajo del presidente Daniel Noboa, de lo que aseguró existen evidencias y cuestionó que eso sea «traición».
Se ha dicho que rechacé ir a Olón a la entrega de resultados, al almuerzo de posesión y a la foto oficial. No es cierto, me hubiese encantando ser parte de tales eventos, pero no fui invitada, ni mi equipo de trabajo”, señaló.
Además afirmó que espera información sobre la reestructuración de la Vicepresidencia y los detalles de su traslado a Israel, incluyendo la conformación de su equipo y cómo ejercerá sus funciones en el exterior.
“Necesitamos un equipo, no puedo ir sola (a Israel). No creo que el Presidente haya pretendido que vaya sola”, aseguró.
La Vicepresidenta, enérgica, desmintió cualquier implicación en actos de corrupción y pidió a quienes tengan evidencia que la presenten a la Fiscalía. Además, lamentó las burlas de algunos miembros del actual gobierno, incluyendo la ministra de la Mujer, Arianna Tanca.
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En este 2023, Guillermo Lasso declaró un patrimonio de USD 61 473 636,25.
900 días en el poder le bastaron a Guillermo Lasso para incrementar, en millones, su patrimonio. En los dos años de gobierno, el expresidente de la República aumentó en USD 21 millones sus reservas económicas.
Lasso Mendoza presentó sus declaraciones patrimoniales juradas en 2021 y en este 2023, años en los que inició y terminó su administración, que no logró completar hasta el 2025. En estos dos años, el patrimonio de Guillermo Lasso aumentó en USD 21 771 257.
De acuerdo con los registros de la Contraloría General del Estado, el exmandatario tenía USD 39 702 106,54 en 2021, cuando fue electo presidente de Ecuador.
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En este 2023, Guillermo Lasso, el mayor accionista y dueño del Banco de Guayaquil, declaró un patrimonio de USD 61 473 636,25.
Hace dos años, el expresidente Lasso declaró USD 40 203 975,88 en activos, entre los que constaban nueve casas, un terreno y dos automóviles; mientras que en pasivos, entre los que se encuentran cinco tarjetas de crédito, registró USD 501 869,34.
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Este año y tras abandonar el sillón presidencial, Guillermo Lasso declaró USD 64 103 588,33 en activos, como ocho casas y dos terrenos; mientras que de pasivos reportó USD 2 629 952,08.
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Leer más: La nueva Asamblea retomará juicio político contra Guillermo Lasso
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La noche de este martes 28 de noviembre de 2023 la Asamblea Nacional debatió el proyecto de Ley que buscaba regular la igualdad salarial entre hombres y mujeres en Ecuador.
Tras el debate y con 134 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el Proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres.
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El cuerpo legal garantizará la igualdad de remuneración y cualquier forma de retribución económica entre hombres y mujeres en el desempeño de un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor, sin discriminación por razones de sexo o género.
El documento irá en las próximas horas al Ejecutivo para su respectiva sanción u objeción. La propuesta de Ley desarrolla temáticas como la brecha salarial, marco regulatorio y la desigualdad remunerativa entre hombres y mujeres.
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La finalidad es erradicar prácticas discriminatorias en el ámbito laboral para reducir la brecha por motivos de género, a través del respeto a la igualdad en todo tipo de remuneración expresó Marcela Holguín, proponente y ponente del proyecto.
Además, recalcó que el objetivo es evitar y eliminar la discriminación; exigir al igual trabajo igual salario; un ley justa y reparadora para las trabajadoras del país, ya que las mujeres ganan el 20% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo.
‘Una Ley sencilla que resuelve un problema complejo’
Esta es una Ley sencilla que resuelve un problema complejo, ordena al Estado a través del Ministerio de Trabajo a garantizar igualdad salarial, señaló Dallyana Passailaigue, “es momento que con responsabilidad y urgencia trabajemos para reducir en algo ese tiempo y lograr que las próximas generaciones gocen de derechos; no existe posibilidad de progreso si las mujeres no somos partes del proceso; por una igualdad real”, resaltó.
El nuevo cuerpo legal determina que todo empleador público o privado está obligado a remunerar de forma igualitaria a todos sus servidores, trabajadores u obrero, sin discriminación de género, por el mismo trabajo realizado o de igual valor.
El trabajador, obrero y servidor público podrán exigir el respeto de su derecho a la igualdad de remuneración, a través de denuncia a la Unidad de Talento Humano o quien haga sus veces en la Administración Pública; y, en el caso de los trabajadores del sector privado, ante el órgano rector de la política laboral, exigiéndose que las resoluciones emitidas en cada caso sean debidamente motivadas.
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La solicitud de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, por parte del correísmo en la Asamblea, ha generado una serie de reacciones. Una de ellas es la del expresidente Rafael Correa, quien no dudó en expresar su opinión sobre este proceso.
A través de la red social X (antes Twitter), el exmandatario se refirió de forma peyorativa a la funcionaria, describiéndola como “la 10/20”. Además, mencionó un supuesto chantaje.
“Nos mandó a decir que si sale el juicio político se van enseguida presos Paola Pabón y Jorge Glas. Sin amilanarse, compañeros. Que juzgue el pueblo ecuatoriano en función de las pruebas y que sus representantes cumplan con su deber en la Asamblea”, insistió el sentenciado a ocho años de cárcel por el ‘Caso Sobornos’.
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Por su parte, la fiscal Diana Salazar indicó en la misma red social que aquella información es falsa.
“En mi escala de valores no está contactar, amenazar, ni conversar con sentenciados ni prófugos de la justicia. Les aseguro que quien vaya "supuestamente" de mi parte los está engañando. Yo cumplo con mis funciones -en el marco de la Ley- y eso les molesta”, escribió Salazar.
La agenda de la Revolución Ciudadana no ha sido un secreto. Su líder máximo, Rafael Correa, aseguró desde hace meses que va tras la cabeza de la fiscal Diana Salazar.
Finalmente, aquella amenaza se consumó este lunes 27 de noviembre del 2023. La asambleísta Gissela Garzón fue la encargada de enviar la solicitud al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.
Ella asegura que la fiscal habría incumplido sus funciones en el marco de la inseguridad que vive el país.
Mientras que la Fiscalía mencionó que el proceso político contra Salazar carece de los fundamentos requeridos y que se lo plantea como un acto que busca impunidad, relacionada con casos que han sido sentenciados o que se están resolviendo en el ámbito penal.
Agregó que no es la primera vez que la máxima autoridad de la Fiscalía recibe ataques por su trabajo, puesto que “en varias ocasiones han intentado posicionar discursos emitidos por sentenciados, sus familiares o partidarios, con el claro fin de ocultar las pruebas valoradas en los tribunales”.
“No obstante -como es de conocimiento público- todos estos intentos han sido oportunamente rebatidos, desmentidos y desestimados sobre la base de pruebas contundentes”, dice el boletín.
Por el momento, la mayoría de bancadas de la Asamblea se han opuesto al juicio político contra la fiscal. Construye, el Partido Social Cristiano (PSC) y Gente Buena han rechazado el pedido del correísmo.
Mientras que Eckenner Recalde, de la Acción Democrática Nacional (ADN), partido del presidente Noboa, mencionó que no apoyará aquella solicitud.
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