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Tres personas murieron sepultadas por el deslizamiento de tierra en la vía baños puyo, registrado el pasado 11 de agosto, según reportó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. además se reporta una persona herida y una vivienda afectada.
Personal y maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el apoyo del GAD de municipal de Baños, trabajaron en las labores de limpieza a fin de evacuar el material de la calzada, por lo que en horas de la tarde de este viernes 12 de agosto la via fue habilitada al tránsito vehicular.
Fuente. El telégrafo
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La Policía Nacional movilizará a a 51 599 efectivos para realizar controles de seguridad durante el feriado del 10 de agosto, en homenaje al Primer Grito de Independencia. El el feriado se trasladará al viernes 12 de agosto y culminará el domingo 14 del mismo mes.
Los operativos de control se fortalecerán en sitios turísticos, las carreteras y los centros de comercio del Ecuador. Los agentes policiales arrancarán con la vigilancia desde el jueves 11 de agosto a las 11:00 y culminarán el lunes 15 de agosto a las 06:00.
La institución fortalecerá la presencia policial en carreteras y ejes viales (rutas de circulación), en los días de mayor movilidad, así como los servicios de vigilancia y patrullaje, auxilio y respuesta.
La custodia de los uniformados tendrá prioridad en sitios como playas, montañas y zonas de comercio, con el objetivo de brindar seguridad a los turistas que viajan desde diferentes ciudades del Ecuador. Las labores se complementarán con el apoyo de las unidades que laboran en las Unidades de Policía Comunitarias (UPC).
La Policía Nacional efectuó las siguientes recomendaciones:
Si va a viajar, acude al UPC más cercano y solicita nuestro servicio de visitas periódicas a domicilio o llamando al 911 el servicio de custodia de bienes y valores, en caso de requerir el traslado desde o hasta entidades financieras.
Si va a conducir evita el consumo de bebidas alcohólicas, así podremos prevenir accidentes en las vías y carreteras
Antes de salir de viaje, revise el estado de tu vehículo y conduce respetando los límites de velocidad establecidos.
Procure no dejar objetos de valor al interior de tu vehículo, y busca espacios iluminados para estacionarlo.
Ante cualquier emergencia, solicite ayuda en el UPC más cercano o comunícate al Ecu-911
Fuente. El telégrafo
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Un audio dilata la novela en la que se ha convertido la elección del superintendente de Bancos. Esta vez Aparicio Caicedo, quien ayer 8 de agosto, pasó de consejero 'ad honorem' del Gobierno a la nómina presidencial, es el nuevo protagonista.
En el audio filtrado por Teleamazonas se lo escucha al entonces consejero 'ad honorem' presionar a Raúl González para que renuncie a la terna a superintendente de Bancos.
"Tú me diste tu palabra ayer de algo y no cumpliste (...) Te quise hacer terminar esto de una buena forma y no tienes palabra por dignidad, si el presidente de la República no te quiere en su terna deberías renunciar a ella", enfatiza Caicedo.
Durante la llamada González infiere sobre un preacuerdo en el que dice no iba a existir el quórum para la sesión del Consejo de Participación Ciudadana, sin embargo, sí se alcanzó el número requerido para dar paso a la sesión. En respuesta, Caicedo repite: "te dije que se iba a suspender. Te dije que se iba a suspender".
Así, aunque González fue declarado superintendente el pasado 20 de julio, sin embargo, el día 29 la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, anuló su designación porque no se había observado impugnaciones en su contra ni el debido proceso y ordenó repetir la selección a través de una nueva terna.
Sobre el audio Ecuavisa.com buscó la versión del consejero a lo que él respondió que ya conocía de la existencia de la grabación "algunas personas me contactaron con ese audio con insinuaciones extorsivas y les dije que lo publiquen nomás que no tiene nada malo", dice.
Según Caicedo "no hay nada raro" en el audio, el consejero dice que Raúl González "perdió la confianza dada al integrar la terna cuando empezó a negociar políticamente, tras bastidores, durante el proceso con asambleístas y otros actores políticos".
"Algunas personas me contactaron con ese audio con insinuaciones extorsivas y les dije que lo publiquen nomás que no tiene nada malo", Aparicio Caicedo, consejero de Gobierno.
En la misma línea, Caicedo asegura que Gonzaléz, "prometió que iba a renunciar cuando se conversó amablemente y no lo hizo después. Siguió operando políticamente para que haya maniobras ilegales en el proceso de designación", señala.
Al ser consultado sobre quiénes habrían intentado extorsionarlo no dio nombres.
Televistazo buscó la versión de González sobre el audio, pero no hubo respuesta, se espera que su abogado hable en las próximas horas.
Fuente. Ecuavisa
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Desde el próximo 15 de agosto, en Ecuador se liberará la venta de pruebas rápidas de autodetección para COVID-19, informó el ministro de Salud Pública, José Ruales.
En el marco de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, el ministro dijo que esta cartera de Estado trabaja en el proceso normativo para la derogatoria del Acuerdo Ministerial que dispone la utilización de pruebas rápidas para SARS-CoV-2 solo en establecimientos autorizados por el Ministerio de Salud.
En consecuencia, con ello se dará paso a la nueva norma para la venta libre de estos test, sin necesidad de receta.
Poca afluencia en los centros de vacunación contra el COVID-19, en Quito
Estas pruebas podrán realizarse en el domicilio y deberán registrarse en una plataforma habilitada por el Ministerio de Salud.
Esta decisión llega en el contexto de una nueva ola de contagios del virus, ante lo cual el Gobierno se ha propuesto inocular al 90 % de la población mayor de 12 años con la primera dosis de refuerzo hasta finales de septiembre.
Alrededor de 28 000 dosis de vacunas contra el COVID-19 se aplican en el país cada día, según el Ministerio de Salud Pública. Este es un número muy inferior a las 148 000 dosis que se colocaban en enero de este año cuando la llegada de la variante ómicron provocó un repunte de contagios.
Esta decisión llega en el contexto de una nueva ola de contagios del virus, ante lo cual el Gobierno se ha propuesto inocular al 90 % de la población mayor de 12 años con la primera dosis de refuerzo hasta finales de septiembre.
Alrededor de 28 000 dosis de vacunas contra el COVID-19 se aplican en el país cada día, según el Ministerio de Salud Pública. Este es un número muy inferior a las 148 000 dosis que se colocaban en enero de este año cuando la llegada de la variante ómicron provocó un repunte de contagios.
Fuente. Ecuavisa
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Los asambleístas Roberto Cuero y María Molina solicitaron agregar pruebas de forma extemporánea en el proceso de interpelación, afirma el CJ
En medio del proceso de un juicio político que se impulsa en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, Juan José Morillo, Maribel Barreno, y María del Carmen Maldonado, expresidenta del organismo por presunto incumplimiento de funciones, el pleno del CJ denunció una “violación al debido proceso”.
Los vocales del CJ, afirmaron que los asambleístas Roberto Cuero y María Molina (UNES), solicitaron agregar pruebas de forma extemporánea en el proceso de interpelación, y “fuera de todo procedimiento” pidieron la comparecencia de 59 personas como parte de las “supuestas pruebas de oficio dentro del proceso de fiscalización”.
A criterio de la Judicatura, esto contraría el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que dispone que el anuncio de la totalidad de la prueba debe realizarse al momento de la presentación de la solicitud de juicio político.
La solicitud de interpelación fue presentada en febrero de 2022, y dentro del plazo, las autoridades del CJ entregaron sus pruebas de descargo sobre la base de la solicitud presentada hace cinco meses.
“Las pruebas de última hora no han sido puestas en conocimiento de las autoridades del CJ y, por lo tanto, atentan contra las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica”, remarcó el Consejo de la Judicatura.
El CJ exigió a la Comisión de Fiscalización a “respetar” las garantías del debido proceso, y a la Función Legislativa a actuar dentro del marco de la Constitución y la ley.
La Corte Constitucional (CC), en su sentencia 2137-21-EP/21 de septiembre de 2021 estableció que en los procesos de control político “también se requiere de garantías básicas, pertinentes y adecuadas de defensa que permitan y garanticen el desarrollo apropiado del procedimiento previo a la decisión del órgano que ejerce el control político”. (SC)
Fuente. Diario La Hora
