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Este viernes se llevó a cabo la audiencia contra cinco detenidos en el Ministerio de Defensa.
Tras los hechos ocurridos este jueves en el Ministerio de Defensa donde se detuvo a cinco personas y dinero en efectivo, la Fiscalía General del Estado presentó dictamen acusatorio contra Miguel Ángel N., Gabriela B. y Dayana S., como autor directo, autora y cómplice, respectivamente, del delito de captación ilegal de dinero.
Además, solicitó al juez, Carlos Bowen, que los tres sean llamados a juicio.
Cerca de las 10 de la noche de este jueves ingresaron a la Unidad de Flagrancia, en Quito, las cinco personas detenidas en el Ministerio de Defensa, con una fuerte suma de dinero en maletas y un arma de fuego.
En la audiencia se espera conocer el tipo penal por el que acusaría Fiscalía, que podría ser captación ilegal de dinero. El abogado de tres de ellos lo rechazó.
“Hasta este momento no hay una denuncia de alguna persona que este entregandoel dinero, hay que tomar en cuenta que este es un delito de estilo va y ven; es decir da para recibir o recibir para dar”.
Los detenidos estarían involucrados con el militar retirado Miguel Ángel Nazareno, alias Don Naza, quien estuvo en el parqueadero del complejo ministerial, según informó en un comunicado. Pero pese a la presencia inteligencia militar y Batallón de Policía Militar, escapó.
Mientras se desarrollaba la inspección de los vehículos y de las personas, el ciudadano Miguel Ángel Nazareno evadió la seguridad utilizando la parte posterior del Ministerio de Defensa Nacional.
Alias, Don Naza, logró ingresar a esta dependencia pese a estar procesado por captación ilegal de dinero, también consultamos al abogado de los procesados quién les autorizó el ingreso.
“Esa es la pregunta, como le digo, al momento en que tuvimos la entrevista se nos permitió hablar por un momento y después fuímos interrumpidos porque tenía que ir al área de aislamiento”.
Fuente. Ecuavisa
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El 8 de abril fue declarado como el Día de Luto del Periodismo Ecuatoriano
Momentos emotivos se vivieron la mañana de este 8 de abril del 2022, en la planta baja del edificio de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), cuando se develó la placa para recordar al conductor Efraín Segarra, el fotógrafo Paúl Rivas y el reportero Javier Ortega, miembros del equipo periodístico de Diario EL COMERCIO, quienes fueron secuestrados y posteriormente asesinados por las disidencias de las FARC.
También se declaró al 8 de abril como el Día de Luto del Periodismo Ecuatoriano. “En memoria de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, miembros del equipo periodístico de Diario EL COMERCIO, secuestrados y asesinados en la frontera colombo – ecuatoriana, y en homenaje a todos los compañeros periodistas caídos en cumplimiento de su deber”, se indica en el reconocimiento.
Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl, el luto continúa mientras se silencie la verdad y no exista justicia en el país. “8 de abril, día en el que Paúl, Javier y Efraín fueron asesinados aunque el Estado recién lo reconozca. Lo sabían y ocultaron la verdad”, escribió en su cuenta de Twitter.
Para los directivos de la UNP, este hecho no debe ser olvidado, pues el martirio de los periodistas de EL COMERCIO no será en vano si en la fecha de su muerte se eleva la voz de protesta por los "Tres que nos faltan" y por los periodistas que son víctimas de la violencia.
Cristóbal Peñafiel, presidente de la UNP, manifestó que la develación de la placa reivindica al periodismo para pedir justicia en el caso de los periodistas de EL COMERCIO que fallecieron, así como en otros casos.
Fuente. Ecuavisa
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El Secretario de Estado advirtió que el país no puede estar sometido a los privados de libertad.
En un mensaje difundido en las cuentas oficiales del Ministerio de Gobierno se compartió un mensaje del ministro del Interior, Patricio Carrillo, en donde advierte a los privados de libertad que "todo aquél que genere actos de indisciplina y no se someta a las acciones disciplinarias del régimen en los centros penitenciarios será trasladado a La Roca”.
Esto es respuesta a los disturbios registrados este martes 5 de abril del 2022 en centros de provocación de libertad de las provincias de Cotopaxí, Santo Domingo, El Oro y Esmeraldas.
“Si vuelven a generar amotinamientos que deriven en masacres como las que hemos vivido serán trasladados”, sentenció el funcionario y agregó que “mientras mantengan el orden y la disciplina en los centros penitenciarios, nadie será cambiado. Y procederemos con la política de rehabilitación social.”
Fuente. Diario el telégrafo
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Guillermo Lasso, presidente de la República, ofreció un incremento de recursos y emprender mejores acciones para combatir la delincuencia en el país. Este proceso empezará por Guayaquil, donde se han registrado mayores índices de violencia en actos delictivos.
En su comparecencia ante los medios en la Playita del Guasmo, uno de los sectores populares del Puerto Principal, el primer mandatario aseguró que hará sentir "la presencia de la fuerza pública y del Estado". Y agregó que "estos espacios públicos le pertenecen a los ecuatorianos, no a los delincuentes ni a los criminales".
En este contexto, el Presidente indicó que en los próximos años se invertirán 1.200 millones de dólares para fortalecer a la Policía Nacional con más efectivos, equipamiento y tecnología.
De paso, Lasso solicitó a los integrantes de las fuerzas del orden que actúen "con firmeza" y determinación para combatir a la delincuencia. "No duden en defender a la gente. Actúen dentro del marco de la ley y el respeto a los Derechos Humanos, pero teniendo claro que su prioridad es proteger a los inocentes", fue su pedido.
"Se incorporarán 30.000 efectivos adicionales, precisó. "Estamos combatiendo a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Este Gobierno no pacta con las mafias", advirtió.
Fuente. Diario el telégrafo
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Los plazos legislativos para allanarse o rechazar el texto alternativo del Presidente se ponen en pausa.
La Asamblea Nacional remitirá a la Corte Constitucional el veto parcial impuesto por el presidente del país, Guillermo Lasso, contra el proyecto de ley que despenaliza y regula el aborto por violación, recientemente aprobado por el Legislativo.
Con 75 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones, el Parlamento resolvió que, antes de tomar una decisión, el texto alternativo remitido por Lasso sea evaluado por la Corte Constitucional, que hace un año despenalizó el aborto por violación y ordenó al Legislativo elaborar una ley que lo regulase.
La norma fue aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, pero semanas después Lasso, de tendencia conservadora, lo vetó parcialmente al considerar que excedía los alcances de la histórica sentencia de la Corte Constitucional, por lo que el presidente propuso al Legislativo un texto alternativo que modificaba 61 de los 63 artículos.
Entre los principales cambios introducidos por el jefe de Estado estaba la unificación del plazo para interrumpir el embarazo en doce semanas para todas las mujeres, al eliminar la excepción de dieciocho semanas contemplada inicialmente para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural.
También introdujo requisitos para poder acceder al aborto, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que demuestre que la solicitante de la interrupción del embarazo ha sido víctima de una violación.
Asimismo, el presidente desarrolló con mayor detalle la objeción de conciencia para los médicos, de modo que puedan negarse a practicarlo si no están de acuerdo por razones ideológicas o religiosas.
Todas esas observaciones han sido rechazadas por colectivos de mujeres que piden que se concrete la despenalización del aborto sin lo que consideran trabas para acceder a ello.
La Asamblea tenía hasta el 14 de abril para tomar una decisión sobre el veto parcial de Lasso, que pasa por aceptar las objeciones del presidente con mayoría absoluta de los votos (la mitad más uno), o ratificarse en el texto original, para lo que necesita 92 votos, correspondiente a dos tercios de la cámara.
Ahora ese plazo queda suspendido hasta que la Corte Constitucional emita un fallo sobre la propuesta alternativa presentada por el presidente, ante la dificultad que tenía el Legislativo de reunir los votos suficientes para ratificarse en su versión inicial del texto.
La moción para remitir el veto parcial de Lasso al máximo tribunal de garantías de Ecuador fue una propuesta de la legisladora Johanna Moreira, de Izquierda Democrática y miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea, quien consideró que el texto presentado por Lasso incluye "la posición personal del presidente de la República".
Por su parte, la legisladora Sofía Sánchez, de la alianza Minka por la Vida, advirtió que "la objeción parcial es en gran medida una nueva ley", y afirmó que el año pasado Ecuador registró más de 50.000 embarazos en adolescentes de entre 11 y 14 años.
La iniciativa de llevar el texto a la Corte Constitucional contó con la oposición del oficialismo, que abogaba por debatir el texto del presidente en el pleno de la Asamblea y encontrar un consenso para su definitiva aprobación, e incluso había parlamentarios que defendían la aprobación del documento conforme la versión de Lasso.
Antes de los legisladores, las organizaciones feministas que impulsaron la demanda que derivó en la histórica sentencia de la Corte Constitucional también acudieron la pasada semana al mismo tribunal para presentar una acción de incumplimiento del fallo de abril de 2021.
Fuente. Ecuavisa
