En el marco de las protestas en Ecuador, existen amenazas contra los trabajadores de la zona agrícola de la Sierra centro-norte.

Invasión de propiedad privada y amedrentamiento es lo que denuncian los representantes de varios sectores productivos.

En un video quedó captado como un grupo de manifestantes en Cotopaxi ingresó a una planta procesadora de alimentos para exigir a sus trabajadores que se unan al paro.

Movilizaciones en Ecuador: conozca las vías cerradas en la Sierra y Amazonía hasta las 17:00

Algo similar se registró en varias florícolas también de cotopaxi, en el cantón Laso, donde ingresaron a la fuerza hasta las plantaciones para sacar a los empleados y llevarlos, bajo amenazas, a las manifestaciones.

Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, contó que este lunes “ya vimos saqueos, entradas a empresas particulares a sacar, como si fuera ganado, a los trabajadores”. Y detalló que a las 11:00 vieron mensajes amenazantes al personal de fincas, diciéndoles que si no salían a apoyar el paro iban a tener sanciones de sus comunidades.

Representantes gremiales del sector productivo denuncian además que han tenido problemas en la transportación de varios productos y también de combustible para el funcionamiento de las plantas industriales en la Sierra centro y en el norte de la provincia de Pichincha.

Movimiento Nacional Campesino y Fenacotip decidieron no sumarse a las movilizaciones

 

José María Ponce, presidente de la Cámara de Industrias, dice que “la gente ya no piensa en sus labores, si no en proteger sus sitios de trabajo y el ritmo de la productividad baja”.

Detalló que en la mañana parecía que todo estaba controlado, pero en la tarde la situación se fue complicando.

Desde el Gobierno dicen que es muy pronto para determinar pérdidas en la primera jornada de movilizaciones, que según el sector indígena tiene el carácter de indefinido.

No hubo detenidos en el primer día de paro nacional

En octubre de 2019, tras el paro de casi dos semanas, el Banco Central registró afectaciones económicas por más de 800 millones de dólares.

El ministro de Finanzas, Simón Cueva, cree que eso no se va a repetir porque, a su criterio, la gente quiere producir tras dos años de pandemia.

El ministro señaló además que pese a los desmanes captados en video en varias fábricas de la Sierra central, protagonizados por grupos de manifestantes, los pozos petroleros, en la Amazonia, están siendo resguardados y funcionan con normalidad.

Fuente. Ecuavisa

La noche del lunes 13 de junio del 2022 se realizó una evaluación sobre la situación que vive Ecuador por las manifestaciones organizadas por el sector indígena. Esta se generó en las instalaciones del ECU 911 en Quito, donde participaron ministros de Estado. 

Patricio Carrillo, ministro del Interior, detalló que se ha registrado un incremento de la violencia de estos grupos que se han manifestado. Por ello se han generado "secuestro de policías en Saraguro, bajo la figura de retención y purificación por invadir su territorio".

También indicó que en "Cotopaxi se registró un "intento de intimidación a trabajadores de florícolas y brocoleras. Cobardemente se esconden y desaparecen en grupos minúsculos". Ante ello, se ha recopilado toda la información de cámaras de vigilancia. Sin embargo, el Ministro precisó que "no se ha reprimido -a los manifestantes- y no se ha usado ni una docena de gases". 

Carrillo habló del cierre de vías. "En Imbabura se mantiene el cierre de vías. En Quito, 250 personas identificadas al grupo "guevarista marcharon y cometieron actos vandálicos". Tras las operaciones de los organismos de control "ya el Centro Histórico está despejado". También se indicó que no ha habido movilizaciones hacia la Capital desde otras ciudades. "No ha habido más detenidos", agregó. 

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, desmintió la supuesta toma de los bloques petroleros Joya de los Sachas y 16. "Por lo demás no existe ninguna otra novedad".

La ministra de Educación, María Brown, reportó que a escala nacional 148 instituciones fueron afectadas, lo que se traduce en 57.677 estudiantes. Pichincha fue la provincia con mayor afectación con 67 instituciones educativas. "Se continuará con la misma medida -de mantener clases presenciales-. Habrá una evaluación a las 05:00 para confirmar si habrá clases presenciales o virtuales, si así amerita", expresó. 

Sobre los incidentes ocurridos en el colegio Mejía, "es un tema de seguridad", aseveró, y "será manejado por el "Ministerio del Interior". En este contexto, "se investigará quiénes participaron para evitar que esto se repita". Confirmó que 16 estudiantes fueron detenidos para identificación y posteriores sanciones de parte de la institución educativa. 

Fuente. Diario el telégrafo 

En la Legislatura se informó que hay 33 solicitudes de intervención en el segundo debate

El debate del proyecto de 'Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza' se retomará a las 09:30 del martes 7 de junio del 2022. Así lo informó hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, una vez que concluyera la sesión en el Pleno.

Informó que hay 33 solicitudes de intervención en el segundo debate, las cuales serán tratadas durante la sesión número 774. Inicialmente se esperaba que hoy se realice la votación. De hecho, uno de los primeros ofrecimientos del titular de la Función Legislativa era aprobar para hoy esa normativa con la que se busca normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza, por parte del Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas y precautelar el derecho a la seguridad.

Durante las intervenciones, los legisladores manifestaron que lo primordial es contar con un cuerpo normativo de esa índole. Para Rodrigo Fajardo, esa norma permitirá que las fuerzas del orden, así como el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria actúen en forma progresiva. Recordó que en Ecuador no existe una política criminal.

De su parte, el asambleísta Freddy Rojas expresó que los problemas de delincuencia también son producto del narcotráfico y de la violencia intrafamiliar. A criterio de Blanca Sacancela, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza es una herramienta para que la Policía Nacional efectúe su trabajo.

Fuente. Ecuavisa 

A finales de 2019, ese organismo internacional otorgó medidas cautelares a favor de Glas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró como urgente el tratamiento del caso que concierne a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el mandato presidencial de Rafael Correa, según informaron este viernes 3 de junio del 2022 en un comunicado sus abogados.

Este procedimiento se utiliza solo “en casos de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de una persona o su integridad personal se encuentran en peligro inminente”, de acuerdo con el propio reglamento de la CIDH, que a finales de 2019 ya otorgó medidas cautelares a favor de Glas.

 

Esta decisión de la CIDH, comunicada por carta a los abogados de Glas, se produce después de que el exvicepresidente regresara a prisión tras anularse el polémico habeas corpus concedido por un juez, en abril pasado, lo que le permitió salir en libertad hasta que ese fallo fue revocado cuarenta días después.

Para el estudio de abogados belga Ius Cogens, la declaratoria de nulidad del habeas corpus concedido a Glas, que tiene vigentes dos condenas, "es una prueba fehaciente de que es víctima de 'lawfare'".

Asimismo, los abogados del exvicepresidente criticaron que Glas haya quedado aislado en la Cárcel 4 de Quito, a la que calificaron como "una de las más peligrosas del país".

La letrada Sonia Vera, del equipo coordinado por Christophe Marchand, deseó que la decisión de la CIDH “marque un antes y un después y provoque que la comunidad internacional fije sus ojos en el peligrosísimo estado de la Justicia ecuatoriana y la violación sistemática de los derechos de Jorge Glas y los demás presos y perseguidos políticos del Ecuador”.

En el último día del año 2019, la CIDH ya otorgó medidas cautelares a favor de Glas al solicitar a Ecuador que tome acciones para proteger su vida e integridad en consenso con el exvicepresidente y sus representantes y que informe sobre las investigaciones de los hechos que dieron lugar a esta disposición de la Comisión.

Las condenas a Glas, una de seis años de cárcel y otra de ocho años, se enmarcan dentro de los sobornos pagados por empresas, entre ellas la constructora Odebrecht, que sirvieron para financiar irregularmente al entonces movimiento oficialista Alianza País, con entregas de dinero dentro del propio palacio presidencial de Carondelet.

Glas fue vicepresidente durante el Gobierno de Correa (2007-2017) y también, por pocos meses, de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021).

La defensa del exvicepresidente ha alegado que su condena forma parte de una persecución política, lo que es negado por parte del Poder Judicial de Ecuador, que se ciñe a las investigaciones y a la defensa a la que tuvieron derecho los acusados.

Fuente. Ecuavisa 

El expresidente de la comisión pluripartidista ad hoc devuelve a Llori la responsabilidad de tramitar su denuncia

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, remitió un memorando dirigido a los miembros de la comisión pluripartidista ad hoc, indicando la devolución del informe que concluye sus incumplimientos.

Pedro Zapata (PSC), quien dirigió la comisión mientras estuvo vigente, respondió como "Asambleísta aludido" porque sostiene que esa mesa legislativa ya se disolvió con la entrega del informe tramitado en el marco de la denuncia presentada por Esteban Torres (PSC) contra Llori.

Zapata recalca que la Función Legislativa no contempla la devolución del informe pero que sí obliga a la presidenta de la Asamblea a convocar a una sesión para que el Pleno resuelva el futuro de la denunciada.
 
En el documento remitido por Llori, hace referencia a unas medidas cautelares otorgadas por un juez de la Unidad Penal del cantón Quito por una denuncia presentada por representantes de Pachakutik en la que dicen que la conformación de la comisión fue irregular.

Con base en esa acción constitucional se blindaría Llori de una posible destitución. Hoy, 30 de mayo de 2022, vencía el plazo para que convoque al Pleno por este motivo.

Fuente. Ecuavisa