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Este martes 22 de marzo se instalará el pleno para dar paso al segundo y definitivo debate de la Ley de Inversiones, impulsada por el Ejecutivo. A pocas horas, aún es incierto si se alcanzarán o no los 70 votos que se requieren para aprobar el texto.
Y si bien Nathalie Arias, asambleísta de Creo, reconoce que el panorama es complicado considera que el archivo no será una opción y al contrario aspira que se perfeccione el documento, previo a la votación. A su criterio debe haber un debate responsable.
Pero el asambleísta John Vinueza, considera que no hay consenso para aprobar el informe de mayoría. Y recomienda un voto por libros y capítulos si es que se quiere salvar la parte medular de la ley de inversiones.
Aunque Arias advierte que si no hay los votos se podría considerar que se sigue bloqueando al Ejecutivo como ya ha pasado en anteriores ocasiones. Por lo que recordó que la muerte cruzada es un mecanismo previsto en la Constitución, que podría utilizarse si no hay argumentos para rechazar la normativa.
Vinueza sostiene que la muerte cruzada no es algo que les preocupe y lamenta que se utilice esta herramienta como una amenaza, cuando el debate debería centrarse en el contenido de la norma.
Lo propio sugiere Salvador Quishpe de Pachakutik, quien adelanta que su bancada no respalda la ley de inversiones, sobre todo lo referente a las alianzas público privadas que para ellos significa privatización.
La Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes, solo controla 28 curules. El boque de UNES (48) anunció que votará en contra y en Pachakutik (27) hay criterios divididos. De su lado, Esteban Torres del PSC adelantó que este bloque sí apoyará la normativa.
Fuente. Radio Sonorama
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El proyecto de ley de inversiones genera opiniones contradictorias entre el Gobierno y la Conaie, quien ha pedido a la Asamblea archivar la iniciativa por el bien y tranquilidad de todo el país, explicó Leonidas Iza. Al mencionar que no pueden respaldar una norma que incentiva a la privatización de sectores estratégicos.
Por eso advierte que él convocó a una marcha pacífica para la próxima semana en rechazo a la normativa pero también para entregar una propuesta alternativa de ley de aguas, con el fin de evitar la privatización de este sector.
Insta al Gobierno dejar a un lado la política del chisme, especulación y mentira porque nadie les cree. Esto al referirse a la supuesta alianza con el correísmo, algo que no dice no es correcto y no existe fotos como tal.
Fuente. Radio Sonorama
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Las amnistías que se encuentran publicadas en el Registro Oficial, a los días de su vigencia se encuentran errores en nombres y números de cédula de los beneficiados. Con estos errores entraron las amnistías en vigencia.
El ponente del informe es Mario Ruiz, asambleísta del ala radical de Pachakutik. Él envió un oficio con fecha 17 de marzo del 2022 al secretario de la Asamblea una Fe de Erratas, respecto de esta resolución.
El asesor jurídico de la Asamblea, Julio César Sarango, trató de minimizar esta situación. Asegurar que no pasan de cinco este tipo de errores.
“Son pequeños, mínimos cambios de un número que ha sido por el tipeo que se ha confundido. Pero está simplemente rectificado. Eso, nada más, el documento sigue igual como al inicio y como fue aprobado por el Pleno”, aseveró.
Andrés Castillo pertenece al colectivo que interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el informe. Sostuvo que lo ocurrido da más fuerza a que la Corte Constitucional revise lo actuado por la Asamblea.
“Hubo gente que tenía nombre y no número de cédula. O que tenía número de cédula pero que no correspondía al nombre, o que era gente que no formó parte del proceso de debate de las amnistías lo incluyeron. O que habiendo gente que no tenía delitos les amnistiaron”, cuestionó.
Sin embargo, sobre las amnistías, Sarango replicó. “Las formas no pueden afectar el fondo, son pequeñas, mínimas cosas o lapsus que no pueden afectar el fondo”.
Fuente: El Comercio
Denuncian "humillaciones" y "racismo" en la comisión legislativa que trata temas de derechos humanos
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Cuatro colaboradores de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional presentaron su renuncia este jueves 17 de marzo alegando que "humillaciones", "racismo", "gritos" y "faltas de respeto" dentro de esa mesa legislativa les impide continuar desempeñando sus funciones.
Este viernes se hizo pública la carta dirigida al presidente de la Comisión, Fernando Cabascango, en la que tres asesores y la secretaria relatora de la Comisión exponen sus motivos para abandonar próximamente sus puestos. Ellos brindarán sus servicios hasta el 31 de marzo próximo.
En la misiva reiteran su respaldo a Cabascango, pero acusan a otros asambleístas de ese despacho de maltratar a personal legislativo e invitados.
"El nivel de debate en esta Comisión es nulo. En las sesiones, en lugar de existir discusiones técnicas, jurídicas e incluso políticas de las y los legisladores, existe únicamente incidentes, gritos y faltas de respeto a quienes son convocados como comparecientes, al equipo técnico, y con mucho pesar, a usted señor presidente", reza la carta.
"Sentimos, lamentablemente, la existencia de un racismo sumamente marcado hacia quien ejerce la presidencia de esta Comisión", acotan los denunciantes.
Además de Cabascango, la Comisión la conforman los legisladores: Victoria Desintonio, Virgilio Saquicela, Paola Cabezas, María Fernanda Astudillo, Mario Ruiz, Sofía Sánchez, Édgar Quezada y Gruber Zambrano.
Los trabajadores del Legislativo que han presentado la renuncia son: Daniela Jerves, Pablo de la Vega, Gabriela Galindo y Verónica Morales.
- "Voy a conversar con ellos" -
Ecuavisa.com conversó con Cabascango, quien lamentó la decisión tomada por los cuatro denunciantes. "Espero que el equipo lo reconsidere. Es altamante profesional", dijo el legislador.
Recalcó que del grupo de los denunciantes, la más antigua es Jerves, quien se desempeña como la secretaria relatora. Indicó también que aún no les había aceptado la renuncia.
No obstante, Cabascango considera que debe cambiar la actitud de varios asambleístas.
La Comisión de Garantías Constitucionales ha tramitado, por ejemplo, el informe sobre las amnistías o el caso Papeles de Pandora.
Fuente. Ecuavisa
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El dirigente reconoció un acuerdo con la bancada de los 47 asambleístas del bloque correísta UNES para conseguir que el informe fuera aprobado la madrugada del jueves pasado, ante la negativa del oficialismo y PAC..
Fuente. Última Hora Ecuador
