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La Corte Nacional de Justicia entregó al CPCCS la terna con los nombres de los postulantes.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) entregó este martes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la terna de los candidatos a la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ), sin embargo el proceso para elegir al titular definitivo de este último organismo tomará un tiempo indeterminado.
La terna está conformada por el director del CJ en Azuay, Darío Ordóñez; la jueza civil de Guayaquil Paola Jarrín y el vicepresidente del Colegio de Abogados de Azuay, Andrés Valencia.
Esta lista fue entregada por el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, a Hernán Ulloa, quien actúa como titular del CPCCS.
Saquicela pidió "sinceridad" y "celeridad" en el proceso de elección, además recalcó que él, como cabeza de la Corte Nacional, tiene la facultad para remitir esta terna.
Los candidatos propuestos deberían someterse al proceso de escrutinio público e impugnación ciudadana, pero Ulloa advirtió que será el pleno del CPCCS el que decida el camino a seguir debido a que tienen prohibición constitucional de revisar las decisiones del CPCCS Transitorio.
Este último comité dejó en 2018 a Álvaro Román como suplente de la presidencia de la Judicatura, no obstante, el pleno del CJ le dio el cargo temporal a Fausto Murillo.
Ulloa adelantó que se consultará al Departamento de Coordinación Jurídica del CPCCS "sobre el estricto panorama que tenemos que trazar dentro del Consejo de Participación para poder respetar las decisiones del Transitorio".
Incluso considera que la consulta podría elevarse a la Corte Constitucional, lo que alargaría el encargo de funciones a Fausto Murillo, quien asumió la presidencia de la Judicatura tras la renuncia de María del Carmen Maldonado.
Por otra parte, Román anunció que insistirá ante la justicia hasta que se reconozca la violación de sus derechos y se lo designe presidente del Consejo de la Judicatura.
Fuente. Ecuavisa
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El proyecto de Ley Orgánica que regula el Uso Legítimo de la Fuerza, entra a la fase de aprobación del informe para primer debate, y según los cálculos de los asambleístas antes del feriado de carnaval pasará al pleno.
En los 77 artículos del texto borrador se abordan temas como los niveles del uso de la fuerza, uso de la fuerza en centros de privación de libertad, uso de la fuerza en la protesta social, derechos y deberes de los servidores en el uso de la fuerza, normas para el empleo, porte y dotación de armas, municiones y equipo autoprotector, uso de la fuerza con animales y medios móviles, entre otros, así lo puntualizo Ramiro Narváez Pdte. de la Comisión de Soberanía y Seguridad.
El proyecto de ley desde noviembre de 2021, constan más de 50 comparecencias de autoridades del Estado, abogados, expertos en seguridad, de la academia y de organizaciones de derechos humanos.
Según Ramiro Narváez la propuesta del Ejecutivo sobre la ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública es más compatible con el Código Orgánico de Seguridad Integral que también está en proceso y cuyo informe para primer debate estará listo en marzo.
Fuente. Radio Sonorama
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“No hay conspiración, no se está preparando un golpe de Estado” aclara el asambleísta del PSC, Esteban Torres, en Radio Sonorama; quien explica que el proceso de remoción a autoridades legislativas como a la presidenta Guadalupe Llori no está en firme. “No estamos hablando de una destitución sino de una evaluación sobre si conviene o no avanzar con la remoción”, comentó.
A su criterio, la salida de Llori de la presidencia debe ser evaluada porque hay malestar al interior del legislativo en contra del CAL por no dar paso a proyectos reformatorios de la ley económica o por la calificación de juicios políticos. Además advierte que todos los procesos serán en el marco de la ley y advierte que al menos a su criterio no sería necesario una nueva conformación de comisiones.
Torres reconoce que hay una coincidencia sobre el rechazo al accionar del CAL entre el PSC, UNES y ciertos legisladores de Pachakutil pero aclara que eso no significa que se ha conformado una nueva mayoría. Recordó que el PSC ha votado, incluso, a favor del Gobierno.
Fuente. Radio Sonorama
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Uno de los procesados en el caso que involucra al excontralor Pablo Celi presentó una recusación contra el juez Adrián Rojas.
El juicio del llamado caso Las Torres contra el excontralor Pablo Celi y otras 11 personas acusadas de presunta delincuencia organizada, agendado para este 21 de febrero de 2022, fue suspendido, de acuerdo a un tuit de la misma Fiscalía. La razón: uno de los procesados presentó una recusación al juez Adrián Rojas.
Entre las personas investigadas consta, también, el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores. De acuerdo con las investigaciones, la supuesta organización cobró el 20% del pago de una factura de 20,3 millones de dólares que Petroecuador debía a la compañía de servicios petroleros Nolimit. El perjuicio al Estado se calcula en 4,3 millones de dólares.
También se acusa a los implicados de desaparecer glosas a contratistas de Petroecuador a cambio de sobornos.
El Tribunal convocó nuevamente a las partes para el 3 de marzo. (JVL)
Fuente. Diario la Hora
